La «ley Sinde» no es la única alternativa para el futuro de la industria cultural en España. Creative Commons, o las operadoras de telefonía, tienen tanto que decir al respecto como las asociaciones de creadores y las entidades de gestión
«La música nos pertenece a todos. Sólo los editores creen que les pertenece a ellos». Esta frase de John Lennon vendría a definir el estado de ánimo de buena parte de la industria cultural tras la aprobación de la «ley Sinde» contra la piratería. Pero la desesperación no debe cundir, pues hay alternativas viables (y legales) al planteamiento del Ejecutivo. No sólo la blogosfera está plagada de ejemplos. El Ministerio de Cultura ha mostrado su disposición a crear una web que se convierta en la alternativa legal al P2P, cruzando bases de datos, y posibles puntos de venta de libros, filmes y música... Pero hay evidencias más originales. Sin apelar al jocoso juego de palabras, «Creative Commons» lleva dando de qué hablar en lo que a derechos de autor se refiere desde 2001, momento en el que echó a andar esta organización sin ánimo de lucro basada en la idea de que «algunas personas pueden no ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que les permite la ley». Ignasi Labastida, responsable de «Creative Commons» en España, considera que «la ley Sinde es una chapuza. Estamos de acuerdo en modificar la ley de propiedad, pero poner vallas al campo es imposible». El campo al que se refiere Labastida es fértil y va a seguir creciendo como mandan los cánones del siglo XXI (y no los establecidos por la SGAE).
«El futuro pasa necesariamente por un sistema en el que convivan el «copyright» y el «copyleft»», explica el responsable de «Creative Commons». «Ofrecemos a los autores la posibilidad de que sus obras no tengan todos los derechos reservados. Así pueden compartir sus obras, pero ellos deciden con qué derechos se quedan, por ejemplo el de distribución comercial».
Decisión de los autores
El objetivo de «Creative Commons» es dar el poder al autor, «que en todo momento decida qué se puede hacer con su obra». Una capacidad de decisión de la que carecen los autores españoles. «Este sistema está vigente en Holanda, Dinamarca y Suecia. Allí las entidades de gestión permiten a sus autores que se acojan al «creative commons» restringiendo el uso comercial, pero en España nos damos de bruces contra la realidad legal». Un alto muro contra el que se dio el grupo Canteca de Macao que, en un principio, optó por el «copyleft» pero tuvo que dar marcha atrás al llamar a la SGAE.
No es el único ejemplo fallido de artistas que recurren a «Creative Commons». Otras experiencias como las de Miga (operan a modo de Netlabel, distribuyendo internet) o la de Gilberto Gil. Este último se muestra sorprendido de que famosos artistas españoles que en su momento batallaron por la libertad no vean que ése es el único futuro.
El dinero del Estado
Entre tanto, al portal de contenidos legales que el Ministerio de Cultura prometió para luchar contra las descargas ilegales le falta sólo saber la aportación del Ministerio de Industria. explica Joan Navarro, director de la Coalición de Creadores, encargado de hacer realidad el citado buscador. Cultura «ya ha comprometido 1,5 millones de euros y nosotros aportamos dinero, trabajo y las bases de datos de gestión de derechos de autor de la práctica totalidad del mercado español: música, cine, videojuegos y libro. Todo ello se valora en torno a unos cuatrocientos mil euros. Esperamos que Cultura, que lidera el proyecto, nos pueda decir algo cuanto antes, porque el proyecto tendría lanzarse antes del verano, por el éxito del libro digital».
La misión del portal no es convertirse en una gran tienda sino poner en contacto al usuario con todas las posibilidades comerciales (legales) existentes. De hecho el dinero que le solicitan al Estado está destinado a hacer una enorme campaña de promoción en la red, pero no del portal, sino de obras que se estén estrenando en Internet. «Nosotros queremos que las tiendas online, independientes y grandes, tengan notoriedad y visibilidad. La mejor manera es que, si una de ellas tiene una exclusiva que quiere lanzar en la red, apoyemos ese lanzamiento. Pedimos al Gobierno que se involucre en la promoción, que sí tiene un interés general», dice Navarro.
Fuentes del Ministerio afirman que, «obviamente, la intención del Gobierno no es ésta. Estamos comprometidos con el desarrollo de la web que será muy complejo por la cantidad de datos que hay que sumar para hacerlo bien, fácil de navegar y útil para el usuario». En Cultura tampoco admiten la cifra de 1,5 millones: no se ha firmado el convenio y sólo hay una partida de 2 millones para ayudas a proyectos de oferta legal, a lo que habrá que sumar la aportación de Industria. El objetivo prioritario es desarrollar la industria nacional y no se descartan partidas de otros organismos públicos como el ICEX.
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