Impuestos para paliar la piratería musical
ERIC PFANNER (NYT - París - 14/02/2009
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Hace dos generaciones, la Isla de Man trajo a los Bee Gees al mundo. Ahora dice que quiere ayudar a que la "medio ahogada" industria musical se mantenga a flote.
La isla, un reducto lluvioso en el Mar de Irlanda, está promoviendo un remedio poco convencional contra la piratería digital, a la que los sellos musicales achacan los miles de millones de dólares de ventas perdidas. En lugar de luchar contra la idea de compartir archivos, el Gobierno local quiere fomentarla, y para ello está intentando conseguir la ayuda de una industria escéptica.
Según una propuesta anunciada el mes pasado, las 80.000 personas que viven en la Isla de Man podrán descargarse cantidades ilimitadas de música, quizás incluso de las famosas páginas web piratas P2P. Para hacerlo posible, los poseedores de banda ancha pagarán una tasa nominal de tan sólo 1 libra [1,11 euros] al mes a sus proveedores de Internet.
Ron Berry, director de inversión interior de la Isla de Man, afirma que la industria musical necesita unos planteamientos radicales debido al "fracaso total" de sus estrategias actuales. Las ventas globales de música han caído cerca de un 25% desde 2000. A pesar de casi una década de campañas contra la piratería, la industria calcula que el 95% de las canciones distribuidas a través de Internet son pirateadas, lo que no genera beneficios para las discográficas. "A mucha gente del sector le preocupa cuánto dinero están perdiendo, pero no cuánto dinero podrían ganar".
Según su propuesta, el dinero recaudado por los proveedores de Internet se enviaría a una agencia especial que lo distribuiría entre los poseedores del derecho de reproducción, entre los que están las discográficas y los productores musicales. Recibirían pagos dependiendo de la asiduidad con la que se descargue o se escuche su música por Internet, tal y como se hace en muchos países cuando se toca en directo o en la radio.
La Isla de Man no ha inventado esta idea. El concepto de una "licencia global" para distribuir música digitalmente se lleva debatiendo desde los días en que Napster, antes de resucitar como servicio legal, desafió a la industria musical.
Existen precedentes de dichos sistemas en Europa, donde muchos países tienen tarifas de licencia obligatorias para los dueños de emisoras de televisión con el objetivo de financiar las emisiones públicas.
Varios países europeos también gravan los CD vírgenes, así como los equipos audiovisuales e informáticos; por lo general, el dinero se destina a apoyar a las industrias culturales.
En 2006, una propuesta francesa parecida a la que se está debatiendo en la Isla de Man llegó al Parlamento, pero se rechazó después de la fortísima presión ejercida por los dueños del derecho de reproducción. Luego, el Gobierno adoptó otro enfoque: exigir que los proveedores de Internet desconecten a los piratas persistentes.
El plan todavía se está abriendo camino por la legislatura, pero ha suscitado interés en otros lugares, como Reino Unido (aunque la Isla de Man comparte jefe de Estado con Reino Unido ?la Reina?, tiene su propio Parlamento y elabora sus propias leyes). Allí, los políticos blanden la amenaza de un sistema como el plan de Francia de desconectar a los piratas para intentar que los proveedores de Internet y las empresas musicales acuerden la forma de estimular el desarrollo de ventas legales de música.
En lugar de adoptar condiciones para la licencia que satisfagan a todos, las discográficas aseguran que su estrategia favorita es trabajar con socios individuales para incrementar los ingresos digitales, que representaron cerca del 20% de las ventas del sector el año pasado, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.
John Kennedy, principal directivo de la federación, considera que los planes como el de la Isla de Man son, de hecho, "un impuesto gravado por el Estado que no podría funcionar en la práctica y que discriminaría a los consumidores que quieren acceder a Internet sin utilizar servicios musicales".
La isla, que quizás sea más conocida como un paraíso fiscal (el Gobierno prefiere el término "jurisdicción eficiente en cuanto a impuestos"), se ha empezado a interesar por la música digital y otros negocios de alta tecnología porque está intentando diversificar su economía más allá de los servicios financieros.
Berry ha empezado a negociar con las discográficas. "Nuestro tamaño, nuestra demografía y nuestro historial de innovación implican que la isla podría ser un banco de pruebas perfecto".
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