Actualizado Domingo, 26-04-09 a las 10:52 (ABC.es)
En la guerra de las descargas, como en la de los cien años, no se sabe a ciencia cierta cómo será el nuevo mundo, pero parece bastante seguro cómo no será. Olvídense del siglo XX, de los vinilos/casetes/cedés, de las tiendas de discos o videoclubs en cada barrio, de las discográficas que hicieron fortunas con copias distribuidas, vendidas y recopiladas sin límite, de los cines como única forma de ver películas de estreno. El huracán de la tecnología ha acabado en parte y probablemente terminará para siempre con ese estado de las cosas. En la guerra por dibujar las leyes que van a regir el futuro no hay cuartel. Participan los internautas, los defensores de la cultura libre, los críticos con el «hambre insaciable de la industria», y, al otro lado, muchos autores y gobiernos, partidarios de la legalidad vigente en la cultura clásica y pendientes de encontrar una fórmula que consiga ponerle puertas al campo de internet.
Dos escaramuzas dentro de esa guerra han puesto de manifiesto estos días cómo evolucionan las fuerzas de los dos bandos. En Nueva York acaba de cerrar la Virgin Megastore del 1540 de Broadway, en Times Square, una de las tiendas más singulares y representativas de la forma tradicional de vender discos. Cualquier turista habrá paseado entre sus estanterías por el simple placer de hacerlo o para volver a casa con lo último, lo que aquí no se vendía o no era rentable editar. En marzo se encontraban cedés con el 70 por ciento de descuento. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, la Corte sueca de justicia condenaba a los cuatro responsables de The Pirate Bay, el sitio de descargas más popular de internet, a un año de cárcel y 3,6 millones de dólares por infringir las leyes de derechos de autor. La ley contra la realidad: 25 millones de usuarios activos sólo en esa «bahía pirata».
«El problema surge cuando la justicia no comprende que el comercio también ha de protegerse en la Red. Por eso nos felicitamos de que se condene a quienes pretenden lucrarse impunemente a costa del trabajo de creadores y trabajadores de la industria de los contenidos», señala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, la asociación que defiende los intereses de los productores de música españoles. «Ojalá la sentencia sea el principio del fin de este expolio».
En España, la elección de Ángeles González-Sinde —conocida por sus declaraciones contra el intercambio de archivos— como ministra de Cultura es otra escaramuza en plena refriega. A las 13:19 del martes 7 de abril, el presidente del Gobierno anunció su nombramiento. Tres minutos después, Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en IE Business School, tecleó en Twitter: «A-LU-CI-NA: Ángeles González Sinde, ministra de Cultura... ¡¡De Guatemala a Guatepeor!!». Media hora más tarde estaba abierto un grupo en Facebook bautizado como «Ángeles González-Sinde pírate», que ya supera los 28.000 miembros. Dans cree que «al Gobierno le trae sin cuidado el ruido en la Red. Desprecia y minusvalora internet, lo que quizá le llevó a pensar en este nombramiento para provocar un cierto nivel de protesta que ocultara otras cosas. En sus cuentas electorales, esos 28.000 activistas son cuatro gatos con el culo gordo que están delante del ordenador y no protestan en la calle ni aparecen en los medios generalistas».
«Es una provocación», declara Simona Levi, miembro de EXGAE, asesoría legal especializada «en librar a los ciudadanos de los abusos de la SGAE y demás entidades de gestión». «No queremos que en nombre de los artistas se haga una política retrógrada. El Gobierno promociona a unas figuras visibles, pero no todos los creadores están en la línea oficial». 
AFP Partidarios de The Pirate Bay, una de las páginas web de descargas ilegales más potentes del mundo, se manifiestan en Estocolmo hace unos días
Antonio Guisasola, en cambio, considera «muy positivo que alguien proveniente de la industria de los contenidos, que ha vivido de cerca la devastadora realidad de la piratería, tenga desde el Gobierno la posibilidad de contribuir a una ordenación verdaderamente democrática en internet. Los defensores del p2p parecen abogar sólo por la falsa cultura del “gratis total”, que conduciría al empobrecimiento de nuestro tejido creativo. El espectáculo de esos supuestos representantes de los internautas reprobando a una ministra antes de que ni siquiera hubiera tomado posesión de su cargo me parece una grosería».
Refractarios a la regulación
Y, sin embargo, la protesta de la Red ha sido algo más que un alboroto. Internet y las descargas han vuelto al centro del debate político. Enrique Dans opina que el Gobierno obedece a una petición de Estados Unidos para controlar más el tráfico en internet, porque la industria de la cultura es allí muy importante y quieren ganar tiempo para repensar los modelos. «Allí y aquí pugnan tres lobbies poderosísimos, el de los derechos de autor y la industria, el de las telecomunicaciones y el político, siempre interesado en controlar la información. Si esos grupos de presión ganan, habrá un nuevo internet, quizá como una televisión de pago, en el que sólo unos pocos tengan acceso a determinados contenidos. Pero enfrente está un mundo refractario a toda regulación, capaz de contestar rápidamente a cualquier intento de bloqueo, y, sobre todo, está el hecho de que nadie ha conseguido parar el tren de la tecnología».
El choque de intereses no es nuevo. The Guardian publicó hace unos días una recopilación de quince años de anuncios contra la piratería. Desde la década de 1990 («tengan cuidado con los vídeos ilegales») hasta hoy. Y los argumentos no han variado mucho. En un lado del ring: lo que está en internet no es gratis, bajarse música o películas de las redes p2p no es legal... En el otro: la industria que vive de vender copias no tiene sentido cuando esas copias no tienen coste alguno; todos somos autores, por ejemplo millones de bloggers, y, por tanto, hay que redefinir términos como copyright; descargar obras sujetas a derechos de autor no es un delito si no conlleva ánimo de lucro; los creadores deben generar valor de otra manera...
Y en éstas, Zapatero eligió a González-Sinde que, según los internautas, es juez y parte, con intereses personales y familiares en el sector. En miles de post y páginas la han zarandeado como nunca se había visto desde el minuto tres después del nombramiento. «SINDEscargas» es lo más suave que se lee. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, también apunta a la pista americana: «El vicepresidente Biden es un claro defensor de los derechos de autor y de la Asociación de la Industria Discográfica, y está preocupado por la “piratería” en España. Muchos creemos que le ha pedido a sus aliados que “metan mano” a estas cosas». Domingo acepta que la nueva ministra ha bajado el tono, pero en su opinión «se va a dedicar a hacer todo lo posible para que internet no sea como lo conocemos ahora; lo demuestra el nombramiento como director general de Cine de Ignasi Guardans, que ha promovido en Europa enmiendas torpedo para controlar la Red».
La Asociación de Internautas recuerda que, en España, el daño a la industria del cine es residual. «Sencillamente, las películas españolas no se bajan, no están en ninguna lista, no interesan». Incluso la oferta «legal» de cine en internet es casi inexistente. Apenas se cuentan unas pocas páginas y no demasiado nutridas, como pixbox, filmotech o filmin. Los críticos creen que falta imaginación y ambición empresarial, un Steve Jobs (creador de iTunes), y añaden: «Lo que la gente no encuentra barato y fácil lo busca de otra manera».
¿Qué hace falta para que reaccione la industria? «No pretendemos luchar contra internet, que para nosotros supone una oportunidad extraordinaria», aseguran fuentes de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, representantes en España de grandes corporaciones (como Sony o la Warner) y, también, de creadores individuales asociados en la SGAE. «Pero para hacer la migración del mercado tradicional al online hace falta un acuerdo con las operadoras que posibilite el gran desembolso que eso supone. Y con la piratería no salen los números; es imposible montar nuevos negocios si, a golpe de clic, tienes esos mismos productos gratis. Ninguna empresa puede competir contra la piratería de sus propias obras». Ven necesario un pacto con Redtel (Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones, que engloba a Telefónica, Ono, Vodafone y Orange) para impulsar esas inversiones, y con el Gobierno para que ponga en marcha una normativa contra los abusos en la Red. «Estamos ante un mercado maduro gracias, precisamente, a la piratería», añaden las citadas fuentes. «Sólo hace falta una oferta madura. Si ofreces más calidad, funciona. Y el modelo legal no tiene por qué ser siempre de pago. Por el tráfico llegan la publicidad y oportunidades de negocio». La Coalición denuncia el fariseísmo. «Tú no “compartes” 100.000 canciones sencillamente porque no las tienes, no son tuyas. La propuesta que planteamos al Gobierno difiere del modelo francés; no pretendemos criminalizar al usuario, sino perseguir a quienes se lucran con la piratería». 
ROBERTO VILLALÓN El sitio eMule es uno de los más populares entre los usuarios de las redes p2p
La industria pide que se pueda aplicar la ley contra los «concentradores» (unos 70 en España) utilizando la vía administrativa, no judicial. La autoridad podría, tras un primer aviso y los plazos correspondientes de alegaciones, ordenar la suspensión definitiva del servicio, instando a la operadora a su desconexión. Para el resto de usuarios es partidaria de un sistema de notificaciones «con voluntad educativa y disuasoria». Sólo para aquellos reincidentes se podría estudiar algún tipo de medida tecnológica, proporcional y siempre temporal. «El Gobierno se ha comprometido en público a impulsar esta regulación, que forma parte de su agenda cuando España presida la UE en el primer semestre de 2010».
«Llevamos mucho tiempo adaptándonos a las nuevas herramientas y los nuevos usos de los consumidores», señala Antonio Guisasola, de Promusicae. «Las compañías discográficas de antaño son hoy productoras que atienden la venta de soportes grabados de sus artistas, pero también líneas alternativas de negocio (editorial, patrocinios o música en vivo). Todo esto está muy bien, pero no olvidemos que el punto de partida sigue siendo la captación de talentos y la producción musical. Sin un gran creador, un puñado de buenas canciones y un artista talentoso que las defienda no hay mercadotecnia que valga ni negocio que explotar».
En busca de alternativas
«La industria es un gran dinosaurio de paso lento y alergia al cambio», asegura David Bravo, experto en Derecho Informático y Propiedad Intelectual. «La contradicción se da entre los nuevos usos que los ciudadanos hacen masivamente de las obras intelectuales con las nuevas tecnologías y los antiguos modelos de negocio basados en la restricción de la copia. En lo que respecta a los usuarios particulares, esa restricción teórica carece de eficacia en la práctica, por lo que sólo queda aceptar la nueva situación». Bravo recuerda que en Canadá y Francia se propuso el pago de una cantidad a gestionar por el Estado y dirigida a los creadores a cambio de legalizar de forma expresa el intercambio de archivos. «También se plantea la posibilidad de competir con las redes p2p ofreciendo servicios similares de forma profesional, más seguros, estables y rápidos que los actuales y consiguiendo ingresos por medio de la publicidad».
El Langui y La Excepción han tirado de osadía para lanzar su último disco: lo regalan. Descárguelo gratis, no hay problema. El dinero, para la mayoría, está en los conciertos, y la difusión en internet es una vía de promoción para llenar las salas, lo mismo que se hace en Myspace o en Jamendo, un portal utilizado por artistas que permiten descargar y copiar sus trabajos legal y libremente. Funcionan los sistemas de pago (iTunes), los mixtos (Spotify) o lo que Chris Anderson, editor de la revista «Wired», llama freemium: «Ese es el modelo: 90 por 100 free —gratis— y 10% premium, accesible realizando algún desembolso». Para los internautas, lo que no funciona es la prohibición. «¿Que cierran Pirate Bay? Busque en Google, añada “.torrent” a lo que quiere y ya está. ¿Van a cerrar Google?», se pregunta Ben Edelman, profesor de la Harvard's Business School. «¿Que Sarkozy envía tres avisos? El consumidor cifrará las descargas y el juez no podrá probar qué contenidos baja. Internet se escapa al control, salvo que las operadoras ejerzan de policías», concluye Enrique Dans.
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