Europa no exigirá la vía judicial para cortar Internet a quienes descarguen contenidos
El Parlamento Europeo cede, da vía libre a la 'ley Sarkozy' y sólo pide que se reconozca que la Red es vital para los derechos fundamentales
AGENCIAS - Bruselas - (El País) 30/04/2009
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Los internautas, por su parte, mantienen una campaña que pretende inundar los correos electrónicos de los europarlamentarios con cartas que piden que reconsideren su votación.
En el ámbito continental, la Eurocámara quería que la legislación comunitaria dejara claro que no se podrá cortar el acceso a Internet a un usuario que realice descargas salvo si hay una decisión judicial previa, mientras la mayoría de gobiernos propugnaban que esa decisión estuviese en manos de un órgano administrativo, lo que podría dar pie a que la policía u otro organismo bloqueasen ese servicio.
Finalmente, el Parlamento Europeo ha cedido a las presiones de Francia y ha aceptado las tesis de París, pese a considerar el acceso a Internet "un derecho fundamental".
Así, el texto final, que será sometido a votación en la Eurocámara la próxima semana, señala simplemente que cualquier medida que se tome respecto a los usuarios debe respetar los derechos y libertades fundamentales (privacidad, libertad de expresión, acceso a la información) y debe ser recurrible ante los tribunales.
Este texto no sólo no se contradice con la ley francesa sino que la legitima, según explicaron fuentes diplomáticas, que señalaron que no se modifica en ningún extremo la situación actual porque cualquier decisión administrativa ya pude recurrirse.
El texto de compromiso reconoce que Internet es una "herramienta esencial" para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y el acceso a la información y pide a la Comisión Europea que investigue el papel de la Red en el ejercicio práctico de dichos.
La Eurocámara, la Comisión y el Consejo de la UE han señalado en repetidas ocasiones su voluntad de concluir las negociaciones del nuevo marco regulador comunitario de las telecomunicaciones antes de las elecciones europea, convocadas para el próximo 7 de junio, con el objetivo de no esperar a que se forme un nuevo Parlamento y que la legislación pueda entrar en vigor lo antes posible.
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