Publicado Miércoles, 29-04-09 a las 17:40 (ABC)
La Asamblea Nacional francesa retomó hoy el debate sobre la ley contra la descarga ilegal de contenidos audiovisuales, que no se pudo aprobar hace unos días por absentismo de los diputados y que frustró esa iniciativa del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.
El texto, que prevé cortar internet a los "piratas" reincidentes, se discute desde hoy en la cámara baja, continuará su trámite parlamentario en el Senado y se espera sea aprobado para el próximo día 14 de mayo, según las instrucciones que el propio Sarkozy dio a sus acólitos, tras calificar a sus parlamentarios de "aficionados".
El presidente de la República ha hecho de esta controvertida ley uno de sus pilares en política cultural. El enfado del jefe del Estado, del que se hicieron amplio eco los medios de comunicación franceses, tiene su origen en el absentismo laboral de los diputados, que adelantaron sus vacaciones de Semana Santa y se saltaron la votación de un texto que debía haberse aprobado el pasado 9 de abril.
Absentismo laboralEse día, horas antes de la media semana de asueto de sus señorías, sólo 15 diputados se pronunciaran a favor del texto mientras que 21 votaron en contra, en una cámara que cuenta con 577 escaños que representan a los ciudadanos franceses. La semana pasada, delante de unos sesenta artistas y creadores, el presidente francés y marido de la célebre cantante Carla Bruni, reafirmó su determinación de asegurar la protección de los derechos de autor, con medidas que agradan a un colectivo tradicionalmente más próximo a los progresistas que a los conservadores.
El proyecto de ley sobre la "protección de la creación en internet" contempla que una Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet (Hadopi) pueda sancionar al usuario que descargue ilegalmente contenidos audiovisuales y obligarle a seguir pagando su conexión durante el período de sanción, después de haberle advertido por carta en dos ocasiones.
La suspensión del abono para los "reincidentes" podría durar entre dos y doce meses, aunque se preven fórmulas para rebajar la sanción. También se incluyen en el mismo disposiciones para evitar que los "piratas" eludan la medida simplemente cambiando de proveedor de internet y contempla la denominada "doble pena", que obligaría al internauta a pagar su conexión a internet durante el período de sanción, que oscilaría entre dos meses y un año.
Sin embargo, desde la primera votación que terminó en fiasco parlamentario, el texto ha visto emerger más voces críticas, incluso dentro del partido gobernante UMP. Entre ellas, resuena la del ex primer ministro, Alain Juppé, quien recientemente se mostró desfavorable a la suspensión de internet y se inclino por un sistema de multas, que entiende sería más "comprensible" y "fácil de gestionar".
Desde las filas socialistas de la oposición, describen el texto como "muerto políticamente" y lo tildan de inútil, sirviéndose de la conclusión de una comisión del Parlamento Europeo que afirmó la semana pasada que ninguna institución que no fuera judicial -el Hadopi no lo es- debería poder restringir los derechos de los internautas. Además, la iniciativa plantea problemas técnicos pues los proveedores dicen no poder suprimir internet de una conexión triple (teléfono, internet y televisión) o por el hecho de que un vecino pueda "colarse" en el sistema inalámbrico de otra persona para descargar contenidos ilegalmente.
A finales del pasado año, la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, se desmarcó de la polémica francesa y aseguró que el Ejecutivo comunitario "no puede ser utilizado para solventar problemas nacionales" en materia de infracción de los derechos de autor en internet. La Comisión abogó por "calmar el debate" y subrayó la importancia de crear "nuevos modelos de negocio" para difundir contenidos en la Red, que satisfagan a los creadores, los proveedores y a los ciudadanos y que tengan en cuenta el desarrollo de las tecnologías y la forma de consumir esos productos.
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