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The Pirate Bay, obligada a borrar todos los 'torrents'

Los dueños de la página tienen tres meses para retirarlos bajo multa de 3 millones de euros

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Dos de los fundadores de TPB, Gottfrid Svartholm (en primer plano) y Fredrik Neij, encausados por un tribunal holandés.

MIGUEL ÁNGEL CRIADO - Madrid - 22/10/2009 18:26

El cerco a The Pirate Bay (TPB) se estrecha. Un juzgado holandés, que había ordenado al sitio P2P que impidiera el acceso a la web desde Holanda, ha decidido ahora ordenarle que retire todos los torrents (una especie de enlace a los archivos alojados en los equipos de los usuarios) de la página.
Tienen de plazo tres meses para hacerlo. Y, para animarles a darse prisa, por cada día que se retrasen en eliminarlos, cada uno de los tres condenados tendrán que pagar 5.000 euros.
Con unos 26 millones de usuarios, TPB es el principal rastreador y portal donde alojar enlaces (torrents). Según su propia página web, ahora cuenta con casi 2,5 millones de ellos, entre películas, videojuegos, música series de TV o libros electrónicos.
La orden judicial de la Corte de Amsterdam (un equivalente a una Audiencia provincial en España) obliga a los responsables de TPB a retirar todos los enlaces que lleven a material sujeto a derechos de autor de una lista elaborada por BREIN , la federación antipiratería holandesa que reúne a autores, productoras y entidades de gestión de derechos.
TPB, que ya fue condenada en Suecia, tiene también este juicio abierto en Holanda. Como medida cautelar, BREIN pidió, y el juzgado concedió, que se bloqueara el acceso de los internautas holandeses a la web sueca. Pero la medida no se ha realizado. Por eso el juez ha decidido tomar otra más drástica.
El caso recuerda a un similar contra otra página de enlaces, Mininova. Denunciada tambien por BREIN, un tribunal la condenó a retirar todos los archivos torrent también en tres meses a finales de agosto. El juez estimó que el 90% de los enlaces eran de material protegido. Los responsables del sitio aseguraron que intentarían retirarlo pero que, de no conseguirlo, no descartaban cerrar la página.

El Constitucional francés aprueba la desconexión

Pero las malas noticias para el P2P también pasan por Francia. El Consejo Constitucional galo revisó ayer la nueva versión de la Ley Hadopi, que estipula la desconexión de los internautas que compartan archivos protegidos. El alto tribunal considera la norma plenamente constitucional, obligando sólo a un par de retoques cosméticos.
La norma, que empezó su periplo legislativo en 2008 fue tumbada en su primera versión. El Constitucional obligó su reforma para que se incluyera la exigencia de que fueran jueces los que vieran las demandas de la industria cultural y los único autorizados a dictar la desconexión de los internautas.

Denuncia contra la Coalición en España

Más al sur, en España, los responsables de las páginas de enlaces Veocine y Veodescargas , Alberto Martínez y Alberto Vizcaíno respectivamente, han anunciado que actuarán legalmente contra la Coalición de Creadores y Contenido.
Esta organización, que representa a entidades de gestión de derechos, autores y productoras, presentó el pasado lunes un informe en el que se acusaba a las páginas de enlaces P2P de hacer negocio con las descargas. Aunque dijeron tener una lista de 200 sitios, el estudio sólo menciona dos de ellas: Veocine y Veodescarga. Es más, ilustran el mecanismo que siguen para conseguir los ingresos con un vídeo a base de capturas de ambas web.
"Dichos datos son absolutamente inciertos, por no decir falsos, y nuestros abogados han ejercido en nuestro nombre el derecho de rectificación a fin de reparar las inexactitudes en las que se han incurrido. Así mismo, están estudiando otras acciones legales que resulten pertinentes", declaran en un comunicado colgado en los dos sitios.
Con un poco de sorna, escriben que aún no han podido poner la denuncia porque la web que ha habilitado la Coalición para poner el informe y el vídeo no cuentan con los datos de contacto que exige la LSSI. Aún así, sus abogados han enviado un burofax al que aparece como registrador del sitio exigiendo su derecho a rectificación.