26 junio 2009

Libros de la Biblioteca Nacional bajo demanda


Actualizado Martes, 23-06-09 a las 03:58
La directora de la Bibioteca Nacional, Milagros del Corral, y el director de la editorial española on-line Bubok, Ángel María Herrera, han presentado hoy el acuerdo alcanzado por ambas entidades para ofrecer ejemplares impresos de los fondos de la Biblioteca Digital Hispánica a través de internet.
El acuerdo suscrito entre la Biblioteca Nacional y Bubok es el primero de estas características realizado a nivel mundial y aporta algunas particularidades frente a otro servicios de impresión bajo demanda.
"Llegamos tarde, pero aportamos originalidad. Hemos realizado una selección temática dentro de nuestra colección de obras maestras asesorados por especialistas", ha explicado en rueda de prensa del Corral, quien ha recordado que esta selección de documentos marca una diferencia respecto a otras entidades que ofrecen sus obras por tipo de soporte o por orden de digitalización.
Por el momento, la página personalizada de la Biblioteca Nacional en Bubok ofrece 85 títulos maestros como 'El Beato de Liébana' o 'La Celestina', que se irán ampliando en los próximos meses con las obras más consultadas de sus catálogos.
El acuerdo de difusión de libros bajo demanda con la editorial española Bubok no será de caracter exclusivo. La directora de la Biblioteca Nacional ha anunciado que esta entidad está negociando un acuerdo similar con Amazon, con el fin de acercar la cultura hispana "a una comunidad con un potencial más alto de usuarios", como son los mercados méxicano o estadounidense.
"No tenemos una prisa loca", ha explicado Mercedes del Corral, quien ha declinado dar fechas sobre cuando podría estar sellado este acuerdo con la compañía de comercio electrónico estadounidense.
Preguntada por si la decisión de la Biblioteca Nacional podría empujar al mundo editorial a avanzar en la publicación de libros bajo demanda online, del Corral ha recordado que "vamos a vivir bastante tiempo en un periódo híbrido", donde los contenidos digitalizados van a convertirse de nuevo en libro", impreso.
De institución «rancia» a pioneraÁngel María Herrera, director de la plataforma de publicación online Bubok, ha reconocido que, tras contactar por primera vez con la Biblioteca Nacional, ha cambiado su concepto sobre esta institución de "rancia y arcaica" a "innovadora y muy puesta al día en nuevas tecnologías".
Herrera ha recordado que su compañía ha apostado desde su nacimiento, hace un año atrás, por los contenidos relevantes para la sociedad, motivo por el cual decidió ponerse en contacto con la Biblioteca Nacional para ofrecerle sus servicios de impresión bajo demanda.
Cada uno de los libros ofertados, tanto en la página web de la Biblioteca Nacional como en Bubok, para su publicación están adaptados en el formato más ajustado para su reproducción facsímil y su precio está ajustado a los gastos de producción, más dos "simbólicos" euros de margen de benecicios que irán destinados al presupuesto para la preservación digital del catálogo de la Biblioteca Nacional, ha explicado su directora.

Persiguiendo a los Piratas

Creadores quieren que el Gobierno ordene el cierre de 200 webs 'piratas' y están "convencidos" de que hará "algo pronto"

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos explicó hoy que tiene "la convicción e impresión" de que el Gobierno va a hacer "algo pronto" en la lucha contra la piratería en Internet, que "debería estar en línea" con lo que ellos proponen, el cierre de las 200 webs que, según sus datos, concentran el 80 por ciento de la piratería.

  • Europa Press,MADRID

Así, la Coalición --de la que forman parte asociaciones que agrupan a autores, editores, productores o empresas de software-- se muestra partidaria de cerrar 200 webs ilegales que operan en España, que en los últimos seis meses se han multiplicado al pasar de 70 a esa cifra, según sus números, algo a lo que ha contribuido la instalación de webs ilegales de otros países.

Por otro lado, quieren descriminalizar el proceso, de forma que no afecte a los usuarios, su "clientela presente y futura", a la que quieren "mimar y cuidar". "No queremos penalizar el consumo, sino atacar la producción de piratería", especificó el presidente de la Coalición, Aldo Olcese.

No obstante, según su propuesta, esto ocurriría durante un plazo de un año, "un margen de confianza", después del cual se debería comprobar si las medidas han tenido efecto --para que lo tengan debería disminuir la piratería en un 70 por ciento--. De no ser así, se llegaría a "un segundo estadio," en el que estarían "implicados los usuarios". Esta posibilidad se incluiría como una disposición transitoria en la eventual norma.

Según Olcese, a día de hoy, las webs extranjeras son trasladadas a España porque el país cuenta con una red tecnológica "muy avanzada" que facilita descargas masivas a un coste bajo y, además, existe un "agujero legislativo" que permite "todo". "España es la cuna de la piratería internacional, lo que preocupa es la concentración que se produce en las redes españolas", afirmó.

Además estas cifras "van a crecer exponencialmente" y, según su pronostico, "será cada vez peor si no se hace algo". En este sentido, explicó que a las asociaciones agrupadas en la Coalición no les preocupa "el autoconsumo", sino el consumo de piratería internacional que está "arruinando" a sus empresas.

LA SITUACIÓN CON LAS 'TELECOS'

Algunas de estas webs, de las que la Coalición ofrecerá un listado en próximas fechas, cuentan, según Olcese, con publicidad de las 'telecos', algo que "se puede ver consultándolas". "A las operadoras les beneficia el tráfico que generan estas webs, eso es obvio", indicó.

No obstante, dijo tener "la mano tendida" hacia Redtel --asociación que agrupa a las principales operadoras de telecomunicaciones-- para recuperar "antes de que el Gobierno intervenga" unas conversaciones sobre esta cuestión que rompieron en abril. De esta forma, Olcese se mostró partidario de la "autorregulación" porque la suya es "una industria que quiere un acuerdo y hará todo lo posible" para lograrlo.

Aún así, realizó un llamamiento al Gobierno --con el que habla casi a diario, según dijo-- para que regule "cuanto antes" una propuesta "de mínimos" que se circunscriba a las webs 'piratas'. Esa reforma sería, a su juicio, "rápidamente implementable" y el Ejecutivo "lo tiene fácil para hacerla ya".

"Los usuarios saldrán ganando si todos hacemos correctamente los deberes", aseguró. En esta dirección, habló de la posibilidad de contar con "un catálogo amplísimo, con el que el repertorio crezca enormemente, de calidad, a precios competitivos", de forma que "los usuarios salgan beneficiados".

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos está integrada por la Sociedad General de Autores (SGAE), la Asociación de Empresas de Software de Entretenimiento (ADESE), las Asociación de Distribuidores de Cine de Ámbito Nacional (ADICAN), La Asociación de Distribuidores Videográficos de Ámbito Nacional (ADIVAN), la Entidad de Gestión de los Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA), la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (FAP) y las empresas productoras de música agrupadas en PROMUSICAE.

SGAE y ARteria

ENTREVISTA: RAMIRO OSORIO

"Ya tenemos 300 millones para la red de teatros SGAE"

Director de ARTeria. SGAE le ha dado el timón de su proyecto más ambicioso, la red de multiespacios culturales formada por doce edificios

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Ramiro Osorio fue en dos ocasiones ministro de Cultura de Colombia.
ANA TUDELA - MADRID - 19/06/2009 08:00

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) lleva desde 2003 inmersa en la creación de una red de teatros a los que no le gusta llamar teatros. Son, aseguran en la casa, mucho más: edificios históricos y de nueva planta en España y América Latina para poner en contacto la cultura de ambos lados del Océano. Semanas catalanas en Bilbao, de Galicia en Buenos Aires, giras de cultura colombiana o mexicana son ejemplos de lo que quieren hacer con su red de butacas, a la que sumarán capacidad con acuerdos como el que negocian con dos grandes teatros públicos de Madrid. La inversión es cuantiosa. El plazo para recuperarla, 2015. Tienen que sacar partido a cada minuto de cada edificio, ofreciendo teatro, cine, conciertos, cursos, discos y merchandising en tiendas propias y comida en restaurantes y cafeterías propios también. Ramiro Osorio, que fue en dos ocasiones ministro de Cultura de Colombia, dirige el proyecto.
¿Qué es ARTeria?
Es una sociedad limitada que depende de Fundación Autor y por tanto de SGAE. Tendrá 12 multiespacios, nueve en España y tres en América Latina. La SGAE ya tiene un buen número de iniciativas para formación a artistas y gestores culturales y la promoción del repertorio de sus 90.000 socios, 5.000 de América Latina. Los multiespacios permitirán reunir estas actividades.
¿Con qué financiación?
Para España, la inversión total son 300 millones de euros y ya los tenemos. Una parte viene de SGAE (derechos prescritos, parte del canon...) y la otra son créditos bancarios. Para América Latina se necesitan unos 70 millones de dólares. Hemos hablado con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para lograr financiación.
Edificios nuevos y remodelados con las últimas tecnologías. ¿Quién puede competir?
Seguramente una gran empresa teatral. Parte de las posibilidades de recuperación de la inversión está en las tecnologías que utilizamos, como el sistema Gala del Campos Elíseos (Bilbao), que es un mecanismo por el que las butacas desaparecen en minutos, lo que permite utilizar los espacios de la mañana a la noche, empezar con un congreso, seguir con una representación y terminar con un concierto.
Pero tienen recursos por la recaudación de derechos de autor que otros no tienen ni para invertir ni para lograr la confianza de los bancos.

El objetivo es que la gente compre entradas, música y cene en ARTeria

¿Y eso le parece mal? SGAE tiene esa posibilidad y la utiliza, no se queda en el cobro de derechos, sino que abre espacios a sus autores con perspectivas de futuro. Por aquí van a pasar producciones públicas y privadas que no hacemos nosotros. Cuantos más modelos sostenibles, más dimensión para el movimiento cultural.
¿Cómo están funcionando los espacios ya abiertos?
En ARTeria Noroeste (Santiago de Compostela) funciona muy bien el teatro. El cine tiene que mejorar. El Metropolitan (Buenos Aires) está siendo el teatro que más recauda de la ciudad en 2009 (400.000 dólares), si se excluyen musicales.
¿Y el resto?
Queremos inaugurar a finales de 2009 el Paral.lel de Barcelona, el Campos Elíseos y la Sala Berlanga de Madrid. Y para 2011, Sevilla, México y la Torre de la Música en Valencia. México acaba de empezarse, pero va rápido porque participamos con el grupo Carso (de Carlos Slim, tercer hombre más rico del mundo, según Forbes).

"En 2015, si ya tenemos beneficio, decidiremos qué hacemos con él"

¿Y el Palacio de Boadilla?
Los temas de Patrimonio van lentos. Nuestros técnicos han estado con los del Ayuntamiento y creo que podremos empezar pronto.
¿Corre riesgo el proyecto por la polémica del ya ex alcalde de Boadilla, relacionado con Gürtel?
Se ha cumplido rigurosamente con todos los procedimientos. A Boadilla y a Madrid les vendría muy bien que se restaure un inmueble que, si no, no se restauraría.
¿Cómo van a amortizar toda la inversión?
El objetivo es vender el 30% de nuestras butacas de cine, el 66% de las de teatro y danza, el 80% de teatro musical y el 60% de los conciertos. Los modelos se ajustarán, porque Barcelona te aguanta un musical en cartelera cuatro meses pero Bilbao, no.
¿Qué pasa si no funciona?
Tiene que funcionar. Tenemos los mejores asesores. Queremos dar a la gente un encuentro único, que pueda reservar desde Internet la entrada en un espectáculo, el libro y el merchandising de la tienda y la mesa en el restaurante de Arteria.
Parece un mundo SGAE. ¿Saben hacer de todo?
Para las cosas que no, tenemos a los mejores asesores.
Si funciona, ¿qué harán con los beneficios?
Primero, reinvertir. En 2015, esperamos haber logrado el equilibrio y entonces ese tema se discutirá en una junta directiva de SGAE.

Los anuncios llegan a youtube

La publicidad llega a YouTube

DAVID ALANDETE - Washington - 17/06/2009

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Las pausas publicitarias llegan a YouTube. Google, empresa propietaria del mayor portal de vídeo de la Red, ha anunciado que está probando un sistema de anuncios según el cual el internauta podrá elegir ver la publicidad previamente o durante la emisión del vídeo. Después de adquirir este dominio en 2007 por 1.100 millones de euros, Google ha sido incapaz de encontrar una fórmula para que ofrezca beneficios.

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Cada minuto, los internautas cuelgan 10 horas de vídeo en YouTube. Según una estimación del analista Spencer Wang, de la consultora Credit Suisse, el coste de tener todos estos clips alojados en un dominio le cuesta a Google, alrededor de 511 millones de euros. Los expertos calculan que YouTube cerrará este año fiscal con 338 millones en pérdidas.

El año pasado, el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, dijo que la empresa matriz estaba buscando rentabilidad. "Es nuestra máxima prioridad", dijo a la cadena CNBC. Un año después, YouTube ha anunciado la inclusión de publicidad a la carta en algunos de sus vídeos. Al final, Google ha acabado por imitar la fórmula que las páginas web de los grandes canales de televisión llevan meses aplicando: el espectador puede elegir ver un solo anuncio de unos 30 segundos antes de la emisión del videoclip en cuestión o puede optar por recibir hasta cuatro anuncios más breves diseminados a lo largo del vídeo.

El año pasado Google presentó una nueva estrategia para rentabilizar los vídeos más vistos, bautizada como buzz targeting. La compañía creó un algoritmo con el que predecir qué vídeos se van a convertir en un fenómeno. "El algoritmo contempla factores como la aceleración en el número de visionados, los favoritos, los registros de audiencias, y entonces permite a los anunciantes colocar sus anuncios en estos vídeos", dijo la empresa en un comunicado.

La popularidad en ese portal es sorprendentemente aleatoria. El vídeo más visto hasta la fecha, con 121 millones de visitas, dura seis minutos y en él el desconocido comediante Jud Laipply repasa y escenifica la evolución de la forma de bailar a lo largo de las décadas. Otro de los grandes éxitos es el de un bebé llamado Charlie que le muerde el dedo a su hermano Harry, con 101 millones de visitas.

25 junio 2009

TV y cultura

La TVG asegura que sacará la cultura de los horarios marginales

Los responsables de los programas temen en cambio que la dirección nombrada por Feijóo desmantele el área cultural tras el verano

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HENRIQUE MARIÑO - Madrid - 17/06/2009 18:45

Luís Pardo, presentador del espacio musical Banda Curta.


La nueva dirección de la Televisión de Galicia ha salido al paso de la presunta reducción —e incluso de la supresión de la parrilla— de sus programas culturales después del verano. En un comunicado, asegura que "proyecta llevar a cabo un intenso esfuerzo en los programas de contenido educativo y cultural de cara a la próxima temporada de otoño".
Pese al anuncio, algún director que teme por la desaparición de su espacio ha reconocido a Público.es que todavía no han sido informados de la continuidad del mismo y cree que, de alguna forma, los nuevos responsables de la televisión gallega están improvisando. Sin embargo, el ente autonómico informa en la nota de que, durante este mes, "el nuevo equipo directivo trabaja ya en la mejora de la oferta cultural de la TVG del siguiente período, con el objetivo de llevar los programas relacionados con el mundo de los libros, la música, la lengua, el arte, etcétera, fuera de los horarios que pudiesen ser considerados residuales".
Así, estos espacios se emitirán en "momentos más centrales del día" y no serán relegados a la madrugada, según el comunicado, donde se adelanta que la TVG ya está en negociaciones "con una persona de reconocido prestigio en el mundo de las letras gallegas". Su función sería presentar un programa que dará un impulso a los contenidos culturales.

Adiós al único programa con música exclusivamente en gallego

Libro Aberto, el espacio literario del canal autonómico, es uno de los programas que podrían dejar de emitirse tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta y el nombramiento de los nuevos responsables de la TVG. La suspensión del programa preocupa a las federaciones de escritores y editores, que han criticado la escasa visibilidad de los autores gallegos.
Además, Banda Curta, Miraxes ou Onda Curta también entran en la quiniela. Antes, Xurxo Souto, subdirector de programas y presentador de Aberto por Reformas en la Radio Galega, fue el primer rostro conocido en caerse de la programación de la RTVG. Era, junto al programa de música folk Lume na palleira, el único espacio que radiaba únicamente canciones en gallego (y en portugués). El revuelo en el ente autonómico coincidió en el tiempo con la retirada de un reportaje sobre la crisis de las vacas locas en tiempos del ex presidente Manuel Fraga.

Creador o usuario, buscando culpables

El 'software', a juicio

El proceso a Pablo Soto sienta en el banquillo la herramienta de descargas, y no a quien la usa

RAMÓN MUÑOZ 17/06/2009

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Puestos a hacer paralelismos, el debate podría remontarse a los albores de la civilización, cuando los primeros bípedos pulieron los huesos de sus presas para servirse de ellas como herramientas, pero también como armas. ¿Quién es el culpable del apuñalamiento? ¿El que empuña el puñal o el que lo forja? Este viejo sofisma, envuelto en un halo de tecnología, aún levanta polémica a propósito de las descargas de Internet. Algunos programadores han diseñado sistemas de compartir archivos mediante redes descentralizadas en las que miles de internautas son al mismo tiempo clientes y servidores, en una comuna informática anónima en la que nadie le pide cuentas a nadie de lo que sube a la Red o lo que se descarga.

¿Quién es responsable: el editor de programas o el que los usa?

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Las discográficas han perdido sus juicios contra las páginas de enlaces

El demandado cobra publicidad y el uso de la versión Premium

Dans: "No se puede criminalizar al creador de una herramienta"

La industria no puede perseguir a millones de internautas

Bueno, nadie, exactamente, no. Porque la llamada industria cultural, integrada por discográficas, grandes estudios cinematográficos y empresas de videojuegos, estiman que esos programas vulneran la ley, al permitir que se adquieran gratis películas, música y contenidos sujetos a derechos de autor. Y como no pueden perseguir uno por uno a los millones de internautas, han puesto su dedo acusador en los creadores de esos programas, denominados gráficamente P2P (de persona a persona).

En España, las discográficas han llevado a juicio a Pablo Soto, un joven de 29 años, brillante programador autodidacta quien, pese a no haber pisado la universidad, ha sido capaz de idear programas P2P como Blubster, Manolito y Piolet, utilizados por 25 millones de usuarios, rivalizando con auténticos top como eMule o Ares. No es la primera demanda por las descargas -hay más de una veintena en marcha contra responsables de webs que facilitan enlaces- pero sí la primera contra un diseñador de software.

"La tecnología es siempre neutral, no se puede acusar a ningún desarrollador por el uso que le den luego los usuarios. Ninguna aplicación está diseñada para transmitir ningún archivo en concreto, ni con copyright ni sin copyright. No me siento cabeza de turco, pero tampoco el héroe de las descargas ilegales", decía Soto a la entrada del juicio celebrado el mes pasado en Madrid.

La Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) y las multinacionales Warner, Universal, Emi y Sony le piden 13 millones de euros por el perjuicio causado al haber violado presuntamente la propiedad intelectual de su catálogo y por competencia desleal debido a que se lucraba con una ventaja competitiva sin pagar los correspondientes derechos.

El asunto tiene varios precedentes internacionales. Napster, uno de los precursores del P2P que llegó a contar con más de 25 millones de usuarios, fue cerrado en 2001 por orden de un juez estadounidense por violar los derechos de autor. Aceptó pagar 36 millones de dólares (26 millones de euros) a las discográficas. Ahora es una tienda legal con un catálogo de seis millones de canciones que se promociona como vendedor ideal de contenidos para el iPod y el iPhone.

Kazaaa tomó el relevo de Napster, pero también acabó en los juzgados. Primero un tribunal en Australia le ordenó que pusiera los medios necesarios para impedir que sus 100 millones de usuarios descargasen canciones con copyright. Luego, la compañía se doblegó ante las discográficas estadounidenses y aceptó pagarles una indemnización de 100 millones de dólares (72 millones de euros). Reconvertida en respetable, y financiada por publicidad, ahora se anuncia como la primera firma del P2P bajo la más absoluta indiferencia de los usuarios.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de MGM y otros 27 estudios cinematográficos contra Grokster, que diseñó un P2P para descargar películas. En 2005, se cerró el sitio. Aún hoy si se teclea la página web aparece un aviso amenazante: "Hay servicios legales de descargas de música y películas. Éste no es uno de ellos". Luego, te advierte de que tienen tu dirección IP (la que identifica la conexión de cada ordenador) y concluye. "No pienses que no puedes ser pillado. No eres anónimo".

No obstante, las discográficas españolas harían mal en fiarse de estos ejemplos. El derecho anglosajón de propiedad intelectual no tiene nada que ver con el español. Y prueba de ello es que han perdido casi todas las batallas en los tribunales. En España no es delito descargarse archivos (incluyendo los protegidos). Y tampoco lo es montar páginas web de enlaces a esos archivos como han dictaminado numerosos fallos judiciales (Sharemula, agujero, eliteDivX, por citar algunos casos). Únicamente tienen una sentencia a favor, la de un juzgado de La Rioja que declaró culpable este año al administrador de la web Infopsp por lucrarse facilitando enlaces para descargar archivos, y le condenó a seis meses de prisión y una indemnización. No obstante, esta sentencia se produjo por aceptación del inculpado para evitar afrontar indemnizaciones millonarias en un proceso civil, por lo que difícilmente podrá ser referente para futuros procesos, ni crear jurisprudencia.

Por eso, la industria de contenidos ha decidido abandonar la vía penal, consciente de que enviar a la prisión a alguien que facilita la labor a los más de ocho millones de internautas que se calcula que realizan descargas en España no da precisamente una buena imagen. En lugar de prisión, exigen indemnización. Y Pablo Soto es la punta de lanza de estrategia.

"No se puede criminalizar a alguien que ha creado una herramienta tecnológica. Crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que apuestan por la innovación. Estados Unidos intenta imponer su influencia en la legislación porque defiende su industria cultural, que es la segunda que más aporta al producto interior bruto. Mantener el status quo es beneficioso para ellos, pero, ¿lo es para España? Están intentando imponer un modelo cultural de derechos de autor que proviene del siglo XIX, y que no es válido para la economía digital del siglo XXI", apunta Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa y uno de los mayores expertos en Internet.

El juicio se presenta ya juzgado, al menos ante la opinión pública. De un lado, Soto, un programador joven que apela en su blog a "compartir el arte". Y, de otro, la todopoderosa industria discográfica, que intenta crujirle en los juzgados. "Es muy curioso que intenten presentar a Soto como una especie de ONG, y a nosotros como las discográficas diabólicas, con rabo y pincho, que intentamos ir contra ese joven emprendedor. Lo que no dicen es que Soto no es un pobrecito mileurista sino alguien que vive muy bien, que puede permitirse tener tres abogados en su defensa, y que ha ganado mucho dinero vendiendo programas cuyo fin último es descargar música protegida por derechos de autor. Soto cobra incluyendo publicidad en sus páginas. En el juicio salió que no acepta anunciantes por una cantidad menor de 10.000 dólares (7.000 euros). Y, además, también cobra por la versión Premium de sus programas", dice Emiliano Figueroa, representante legal de Sony Music.

Pablo Soto, a través de su empresa MP2P Technologies, SA, no niega que se financie con publicidad, y está al alcance de cualquier usuario que la versión Premium de sus programas, que elimina los anuncios, cuesta 19,95 dólares (14,4 euros).

El programador, que afirma que "la única forma de defender el arte es compartiéndolo", protege tanto la versión Premium como la gratuita de sus programas bajo los derechos de autor, los mismos que él denuncia por obsoletos en el caso de la música que se descargan sus usuarios. David Bravo, uno de los tres abogados de Soto, justifica en su blog este detalle: "El software del que se habla no está desarrollado ni explotado por Pablo Soto, sino por una empresa -con su plantilla de programadores y sus accionistas- de la que Soto es administrador". A Bravo se le olvida decir que Soto es también principal accionista de MP2P Technologies, la empresa que explota sus programas.

En este punto, los argumentos empleados por Bravo coinciden con la postura de las discográficas para llevar a Soto a los tribunales. "En los últimos años han desaparecido casi todos los estudios de grabación, los músicos, los técnicos de sonido, las tiendas de música. Las descargas están acabando con miles de puestos de trabajo para que haya gente como Soto que se lucre vulnerando los derechos de autor. Se habla siempre de las discográficas como entes maléficos, pero tienen sus accionistas, sus empleados y sus familias detrás", dice Figueroa, de Sony.

Y es que pese a que unos y otros hayan convertido el debate en una cuestión metafísica, en el fondo no se sustancian los inmaculados derechos de acceso a la cultura libre de los internautas ni la recompensa al compositor o al guionista que se rompe la cabeza para crear canciones o películas. Se trata de un asunto mucho más trivial: dinero.

Todos se juegan mucho. La patronal discográfica, según sus propias cifras, ha visto cómo las ventas han caído un 30% en el primer cuatrimestre de este año, y culpa de ese desastre a las descargas. No se paran a pensar que tal vez ya nadie está dispuesto a pagar 15 euros por un CD del que sólo interesa una canción. Del otro lado, los desarrolladores de programas de software y de enlaces como Soto no son colegas que realizan un programa en un garaje y lo ponen a disposición del mundo, sino empresas, con sus accionistas y su cuenta de resultados. Nada que ver con el espíritu libertario de los programas P2P pioneros como eMule, a disposición de todos los usuarios, sin publicidad, sin administradores, sin abogados y sin pagar un euro.

"Los músicos son un colectivo que siempre han permanecido cerca de la tecnología. Sin embargo el caso de Pablo Soto es bien distinto. Se juzga a unas empresas de las que él es administrador y responsable y que han basado su modelo de negocio en la explotación de una tecnología que básicamente es una herramienta para piratear música y se alimenta de nuestras grabaciones. El propio Soto reconoció que cuando se le ocurrió crear sus programas fue cuando cerró Napster y porque 'vio una oportunidad de negocio'. A esto se le llama ánimo de lucro", señala Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.

Muchos piensan que hay que reconducir el debate al primer párrafo de este artículo: ¿Es lícito criminalizar al creador del programa? Entre ellos está Julio Alonso, director de Weblogs, unas de las principales empresas de blogs: "Es obvio que las herramientas no son ni buenas ni malas, lo pueden ser sus usos. Un creador de herramientas idea un instrumento para resolver un problema, una necesidad. Pero, además, muchas veces las herramientas acaban resolviendo muy bien un problema para el que inicialmente no fueron concebidas. Claramente la responsabilidad en cuanto al uso es de los usuarios. Esto, salvo en los casos extremos de instrumentos de destrucción masiva y sin usos alternativos (tipo bombas nucleares), que obviamente no es el caso de Soto".

Javier Muñoz Pereira, director de iAbogado.com, un bufete especializado en derecho de propiedad intelectual, no duda en enfrentar el debate del cuchillo y la culpabilidad: "Quien distribuye un dispositivo con el objeto de promover su uso para vulnerar los derechos de autor, y fomenta deliberadamente esa vulneración (no desarrollando filtros, vendiendo espacio publicitario, más rentable cuanto mayor sea el volumen de intercambios, etcétera), debería responder de los actos resultantes de la infracción por los usuarios que utilicen el dispositivo, con independencia de que éste sirva también para usos lícitos. El argumento es del Tribunal Supremo americano en el caso Grokster y Morpheus, plataformas similares a las de Pablo Soto. Si aceptamos la metáfora del cuchillo, podemos responder que hay un reglamento de armas que prohíbe determinadas armas blancas por ser inadecuadas para sus fines o suponer un peligro objetivo para la seguridad ciudadana, y a todo el mundo le parece bien. Si el cuchillo que vendo se utiliza en el 99% de los casos para cometer asesinatos y en un 1% para pelar naranjas, y yo promuevo constante y lucrativamente el primer uso, alguna responsabilidad tendré".

Algunos de los argumentos empleados por defensa y acusación en el juicio de Soto resultarían surrealistas para cualquier usuario de P2P, incluso para el más novato. La defensa, por ejemplo, alegó que los que usan los programas de Soto pueden compartir no sólo canciones o películas sino apuntes o fotos personales. ¿Un estudiante de Edimburgo se descargaría Manolito para compartir los apuntes de historia británica con un colega anónimo de un instituto de Albacete que subiera sus apuntes de Ciudadanía? Desde las discográficas, se exigió que Soto incluyera en sus programas un sistema de filtrado que creara listas negras de sus artistas para impedir las descargas y se quejaron de que se saltaran los protocolos DRM, sistemas anticopia que protegen archivos con derechos de autor. Pero las discográficas saben perfectamente que no existe ninguna tecnología que permita discernir los archivos que están protegidos por derechos y los que no, y que son ellas las responsables de introducir DRM en los artículos que comercializan, y no un tercero como Soto.

Así las cosas, el debate ha derivado en un asunto de militancia. Ambos frentes se han dogmatizado hasta límites delirantes. Se exige estar a favor o en contra. Cualquier matiz es considerado un ataque personal y doctrinal. Miguel Ángel Uriondo, periodista especializado en tecnología y reputado bloguero, intenta aportar algo de cordura: "Por el lado de la industria cultural no entiendo nada. En lugar de crear un modelo sostenible e inteligente para su negocio, basado en la venta o alquiler de contenidos de gran calidad, ingente catálogo y a bajo precio, usando las modernas redes de telecomunicaciones existentes y compensando la caída en ingresos unitarios con el aumento por volumen, defienden a muerte un modelo de negocio caduco e irrelevante. Pero también por el lado de los internautas, donde muchas veces se tiende a mezclar el argumento legítimo con la descalificación personal o la crítica absurda".

El juicio de Soto está visto para sentencia. Sus programas son bendiciones para miles de internautas. Intuitivos, manejables, rápidos y técnicamente impecables. Y además son gratis. Pero, ¿son culpables? Que lo digan los jueces.

Enredados en los tribunales

- En España, la descarga de archivos por programas P2P es completamente legal, aunque estén sujetos a derechos de autor. Ningún usuario ha sido nunca condenado por hacerlo.

- Las discográficas han denunciado a las páginas de enlace de archivos P2P pero han perdido casi todos los procesos (Sharemula, TodoTorrente, Agujero.com, etcétera). Sólo hay una condena penal firme contra la web Infopsp, por aceptación del acusado.

- El juicio contra Pablo Soto, creador de programas como Manolito o Blubster, es el primero contra un desarrollador de software en España. Las discográficas le piden 13 millones de euros. Está listo para sentencia.

- En EE UU, fueron condenados a indemnizaciones millonarias los creadores de programas como Napster, Kazaa y Grokster por violar la propiedad intelectual. Se cerraron o llegaron a un acuerdo con discográficas y estudios cinematográficos para legalizar su actividad.