Publicado Domingo, 26-04-09 a las 07:57 en ABC.es
Gran Bretaña. El Gobierno británico prepara una iniciativa legislativa para forzar a los proveedores de internet a que envíen un aviso a los clientes que hagan descargas ilegales. Las principales compañías ya han firmado un protocolo por el que se comprometen a ello, con la posibilidad de limitar la velocidad de acceso a la red para los reincidentes, sin llegar a cortar el servicio (Emili J. Blasco, Londres).
Francia. El Ejecutivo lleva diez meses intentando aprobar una Ley de «protección de la creación en internet», víctima de sucesivas catástrofes parlamentarias. Francia aprobó en 2006 una legislación represiva que prevé multas de hasta 300.000 euros, incluso meses y años de cárcel para los internautas dispuestos a cargar / bajar música libremente. La legislación tuvo una eficacia nula: las descargas no han dejado de crecer, las multas han sido difíciles de aplicar, y las productoras de cine y música no han dejado de incrementar su volumen de negocios. Desde el mes de junio del 2008, una nueva Ley, «más eficaz», circula entre el Senado y la Asamblea Nacional, sin terminar de aprobarse, víctima de la «guerra de guerrillas» de numerosos diputados y senadores de izquierda y derecha. Cuando se apruebe, si es que termina aprobándose, la nueva Ley prevé el corte del suministro de internet a quienes «descarguen ilegalmente». Sin embargo, los proveedores de Internet ya advierten que será difícil y costoso evitar las cargas / descargas de cine y música, temiendo un coste económico muy gravoso. Christine Albanel, ministra de la Cultura, tiene previsto volver a presentar su proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional este 29 de abril (J. P. Quiñonero, París).
Estados Unidos. Internet es el nuevo Salvaje Oeste, donde el mazazo que han asestado en Estocolmo a la piratería musical ha causado sensación. A favor y en contra. Los americanos tienen el país, el marco legal y el corazón dividido entre dejar hacer y descargar a cada cual lo que le dé la gana, y ponerse serios en defensa del negocio. La poderosa Recording Industry Association of America (RIAA), que representa a las discográficas, se ha apuntado algunos tantos importantes en los últimos años. Uno de los más sonados fue la condena en octubre de 2007 a Jammie Thomas, una madre soltera de sangre india y sueldo escuálido, a pagar una multa de 222.000 dólares por tener 1.700 canciones almacenadas en archivos digitales prestos para ser compartidos. Jammie Thomas apeló, y la batalla sigue en un marco más confuso que claro. La tendencia norteamericana a querer controlar estas cosas sin regularlas clara e inequívocamente abre coladeros a la acción de toda clase de lobbies. Uno de los coladeros más estimados por los defensores de las descargas es la doctrina del fair use (uso justo, o uso limpio) de la ley americana de derechos de autor. Esta doctrina defiende una limitación de tales derechos cuando la reproducción de las obras protegidas es para uso escolar, crítico, y en general sin afán económico. Como la mayoría de las descargas son para uso y disfrute personal y no para ganar dinero, hay quien cree que el fair use puede ser un buen cortafuegos frente a las pretensiones de la industria (Anna Grau, Nueva York).
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